El Gobierno estima que la expresidenta de facto podría recibir la pena máxima – Télam
Áñez (54) asumió la presidencia en 2019 tras el derrocamiento de Evo Morales. En prisión espera el juicio, acusada del golpe de Estado.
La expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) podría recibir la pena máxima de 30 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del golpe de Estado que derrocó al mandatario Evo Morales, reveló este miércoles el Gobierno boliviano a través del canciller Rogelio Mayta.
«En relación a las penas, hay que ser claros, se está ante delitos de lesa humanidad, los mismos tienen la máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años y por la investigación que se tiene y se la califica como autora de los delitos de lesa humanidad, Áñez podría ser pasible a 30 años» de prisión, estimó el canciller.
Ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la crisis política iniciada en 2019 y calificó de masacres a operaciones militares y policiales ordenadas por el Ejecutivo transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.
Mayta señaló que ese informe establece de «forma clara» que en Sacaba, Cochabamba y Senkata (El Alto) «se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad, al asesinar a connacionales, realizar un proceso de persecución, detenciones ilegales y torturas por parte del Estado».
Actualmente, Áñez enfrenta otros procesos como el rompimiento constitucional, sedición y violación de la Constitución.
«El de las violaciones de derechos humanos debería ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que autorice el juicio penal por dos tercios de votos», refirió el canciller.
Añadió que «si se da la autorización, se prosigue con la institucionalidad de la justicia» y consideró que «el informe del GIEI va a ser importante en ese proceso para que los parlamentarios puedan valorar la posibilidad de autorizar o no ese juicio contra Áñez», reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El canciller dijo que durante el gobierno de Áñez «se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y se cometieron delitos de lesa humanidad»
El GIEI que operó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), después del que investigó la matanza de estudiantes de Ayotzinapa en México y la violencia política en Nicaragua.
Áñez, quien cumple prisión preventiva, fue hospitalizada esta mañana por tercera vez en una semana para realizarse exámenes médicos y devuelta al penal a las pocas horas, lo que indignó a su abogada, que insiste en que su salud está «muy afectada», en disonancia con los informes médicos.
«La sacaron sin avisar a la familia ni a la defensa y recién ahora nos han llamado, cuando ya está ingresando de vuelta al penal», se quejó ante la prensa su defensora Norka Cuéllar en las puertas de la cárcel femenina de La Paz.
Áñez fue llevada a primera hora a un hospital de El Alto, ciudad contigua a La Paz, donde se le realizaron estudios cardiológicos y otros solicitados por sus familiares y médicos que la atendieron la semana pasada, reveló una fuente de la Dirección de Penitenciarías.
Los médicos del Instituto del Tórax de La Paz que la examinaron dos veces la semana pasada le diagnosticaron hipertensión y ansiedad, pero fue retornada a prisión después de que la encontraran «totalmente estable».
Cuéllar consideró una irregularidad y un riesgo sanitario el traslado de la exgobernante de 54 años a un hospital de El Alto, en una operativo que duró unas tres horas, sin previa notificación a sus familiares y representantes legales.
Áñez está detenida desde marzo a la espera de juicio, acusada del golpe de Estado de 2019, en el que el Morales fue forzado a renunciar y ella se proclamó presidenta transitoria.
